Quiénes somos y cómo revisamos los servicios

Venios Volden fija los criterios, lee cada página antes de que salga y carga con los errores. El proyecto no es una empresa y no tiene planta de redactores, así que no vas a encontrar acá un organigrama con cargos inventados: decirlo derecho vale más que un perfil corporativo que nadie podría comprobar.

Tampoco hay foto de autor ni biografía larga. Lo que sí se puede verificar son dos cosas concretas: la fuente que va debajo de cada afirmación y el aviso que acompaña a cada enlace patrocinado. Las dos siguen ahí sepas o no cómo es la cara de quien escribe.

Solo material que cualquiera puede abrir sin crear cuenta: el texto de las normas, las páginas de los organismos que las aplican y los documentos que cada servicio publica sobre sí mismo, o sea condiciones de uso, política de privacidad y lista de precios. Cuando la fuente es el propio operador, la ficha lo aclara: «borramos el archivo al terminar la sesión» es lo que una empresa escribe de sí misma, no un dato que alguien de afuera haya medido.

Esa distinción manda en todo el sitio. Una cláusula publicada se cita con la fecha que trae encima; una promesa de la portada del operador se marca como promesa; una cifra que no aparece en ningún lado se queda vacía. El resultado ordenado en filas está en la tabla con precio, borrado y operador.

La norma que ordena casi todo lo que se publica acá es el artículo 154-B del Código Penal, en la redacción que le dio el Decreto Legislativo 1625 del 8 de agosto de 2024. Castiga a quien «sin autorización, difunde, revela, publica, cede o comercializa» material sexual de cualquier persona, «incluidos aquellos que hayan sido elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos». La ley peruana nombra la inteligencia artificial de frente: el hueco que todavía discuten otros países del vecindario acá no existe.

El mismo decreto cambió el artículo 158 y sacó al 154-B de la acción privada: hoy se persigue de oficio, sin necesidad de que la persona afectada presente denuncia. Ese detalle procesal cambia más cosas que la redacción del tipo penal, y el alcance artículo por artículo está en qué castiga el artículo 154-B del Código Penal.

Cada ficha lleva un número del 0 al 10, y ese número mide una sola cosa: cuánto publica el servicio antes de cobrarte. Son siete renglones —tarifa fuera de la cuenta, desglose del cobro, plazos escritos con número, quién responde, qué acepta por escrito, si acredita saldo al entrar y si pide instalar algo—, y la tabla con su reparto está publicada en la portada, al lado de la lista.

Lo que el puntaje no mide es la calidad del resultado, y esa distinción también es peruana y está escrita: el Decreto Legislativo 1044 pone en el artículo 8.3 la carga de acreditar «la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas» en quien las comunica, y el 8.4 exige contar «previamente con las pruebas». Acá no se enviaron fotografías a ningún operador ni se midió velocidad, resolución o cantidad de intentos, así que ninguna ficha afirma nada sobre eso. Los siete renglones del puntaje, en cambio, los puede comprobar cualquiera abriendo el sitio del servicio. Qué hace el software con una prenda está descrito en qué hace en realidad una IA con la ropa de una foto.

Algunos botones que salen del sitio son enlaces patrocinados: si del otro lado alguien paga, este proyecto puede recibir una comisión, y esa persona paga lo mismo con enlace o sin él. Los servicios con los que no existe ningún acuerdo se describen con el mismo criterio, en el mismo lugar y con el mismo espacio que los demás.

El aviso va pegado a la recomendación y no solo al pie, porque esconder el interés comercial es en sí una infracción: el artículo 16 del Decreto Legislativo 1044 llama acto contra el principio de autenticidad a difundir «publicidad encubierta bajo la apariencia de noticias, opiniones periodísticas o material recreativo, sin advertir de manera clara su naturaleza publicitaria». Hasta dónde llega la responsabilidad del proyecto está en las reglas de uso y sus límites.

Los precios cambian, las empresas se mudan de jurisdicción y varios de estos servicios cierran y reabren con otro nombre. Si una línea quedó vieja o derechamente equivocada, manda la página, la frase y la fuente correcta: se comprueba contra el documento original antes de tocar nada, y una corrección que cambia el sentido queda anotada en la página en vez de entrar de callada. La dirección y lo que conviene incluir están en cómo comunicarte con la redacción.